Suele ser prácticamente desconocida, por diferentes motivos, para la mayoría de la población y de las personas afectadas, la legislación concerniente al Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Quedan expuestos a continuación los enlaces a dichas leyes y unas consideraciones sobre su historia y su aplicación.
Ya se conocían, con la aparición en el BOPA, 17-4-1991 de la Ley de protección de los espacios naturales, las intenciones de la Administración autonómica de declarar la figura de Parque Natural sobre varias zonas de Asturias, y en el BOPA 2-7-1994, con la promulgación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), en terrenos de los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, entre otros territorios asturianos. Cualquier iniciativa tendente a preservar la riqueza natural de Asturias debe ser siempre bienvenida. Los problemas surgen cuando en esos espacios residen personas y hay bienes particulares y no se informa adecuada y claramente a los afectados sobre las ventajas e inconvenientes de dicha figura de protección. Ni el Principado ni el Ayuntamiento creyeron necesario informar directamente a los residentes y propietarios sobre las ventajas y los inconvenientes mencionados, y fue la iniciativa del grupo ecologista cangués “Azor” (Asociación GECA, Econoticias Narcea), entre los años 1998 y 1999, la única posibilidad de información que tuvieron los vecinos, si bien con más voluntad que acierto y éxito por parte de los promotores. A eso hay que añadir las interesadas desinformaciones que se difundieron sobre ciertas actuaciones como la posibilidad de despojar de sus propiedades a los afectados sin más trámite, cosa que solamente se puede hacer por expropiación, con su compensación económica, y que no era precisamente una figura legal novedosa surgida en ese momento.
El 27-12-2002 se declara el Parque de Fuentes (BOPA. Declaración del Parque de Fuentes), y se deja a expensas de decretos posteriores el desarrollo de la normativa, siendo, como primer paso, sacado a información pública para posibles alegaciones el decreto de nombramiento de representantes de la Junta del Parque (BOPA 30-6-2004. Elaboración del decreto de representantes).
Por parte de algunos vecinos de La Viliel.la se solicitó que se reformase el artículo sobre designación de representantes de los titulares de derechos afectados (artículo 2, párrafo c), porque parecía aberrante que todos los colectivos (ganaderos, cazadores, ecologistas, sindicatos, etc) pudiesen elegir y designar sus representantes ellos mismos, y en cambio, los representantes de los titulares de derechos afectados fuesen designados por los ayuntamientos, sin que asociaciones o juntas vecinales pudiesen elegir directamente a dichas personas. También se propuso, para equilibrar la composición de la Junta, que se elevase hasta diez el número de estos representantes para tener algo más de influencia en las votaciones, teniendo en cuenta que era el grupo afectado por la normativa más numeroso.
Evidentemente, ninguna de estas peticiones fue atendida (BOPA 19-11-2004. Decreto de nombramiento de representantes), con lo que nadie sabe, en realidad, quiénes son ni que hacen los supuestos representantes para defender los derechos de los titulares afectados, y es de temer que atiendan más los intereses de quienes los nombran que los de aquellos a los que presuntamente representan.
Casi tres años después de la declaración del Parque, con un incumplimiento más que notorio de los plazos marcados en la ley, se saca a información pública el I Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo Sostenible (BOPA 18-08-2005 Elaboración del I Plan Rector y Plan de Desarrollo Sostenible). Nuevamente se mandaron alegaciones haciendo ver la paradoja que suponía, entre otras cosas, hablar de la necesidad de proteger las zonas altas del río Ibias y permitir a la vez la existencia de depósitos de mineral y balsas de decantación de lodos en su cabecera, cercanas al lecho. O ver que la parte ocupada por la mina a cielo abierto se excluye del ámbito del Parque, mientras que se prohíbe hacer fotos o grabar vídeos para uso personal o desbrozar totalmente una finca, dentro de los límites de la zona protegida. También se les hizo ver lo extraño que resultaba que se permitiese y fomentase el tránsito libre de visitantes por caminos y senderos que atraviesan propiedades privadas (y que los hacen constar en el Plan como rutas senderistas), y en cambio se prohíbe el paso por los Caminos Reales de Cangas a Ibias y Trabáu, o, por 55 metros, atravesar hacia Trascastro el puerto de El Trayecto, todas ellas rutas históricas con varios cientos de años de existencia.
Tampoco nuestros administradores públicos creyeron necesario tomar en consideración estas alegaciones, a excepción de una en la que se solicitaba que se modificara un párrafo referido al paso en vehículos de motor a los residentes y propietarios, siendo aprobado el texto que figura en el BOPA del 13 de febrero de 2007, más de cuatro años después de la aprobación del Parque, y año y medio después de que fuesen sacados a información pública ambos Planes. Parece que se tomaron su tiempo para revisarlo, ya que entre medias de ambas publicaciones cayeron en la cuenta de que el Plan no permitía hacer el nuevo túnel de El Rañadoiru. Muy previsores ellos.
Los recientes acontecimientos conocidos sobre posibles construcciones ilegales dentro de los límites del Parque, a lo que se añade que el propio Principado parece también responsable directo de obras similares (LNE, 21-11-2010), sumado a la práctica impunidad con la que se asesina el río Ibias desde su nacimiento y se destroza el medio natural (blog "Siempre Ibias": Agua gris y Plataforma en defensa del rio Ibias, y blog "Parroquia de Tormaleo": Rio Ibias, rio negro), mientras que a los residentes y propietarios se les niega la reparación de un puente o la mejora de una pista, se les abrasa con todo tipo de limitaciones y trabas burocráticas para la explotación racional de ciertos recursos y con prohibiciones sin fin (algunas de ellas surrealistas), no contribuyen en absoluto a que el Parque sea visto como una posibilidad de desarrollo económico de la zona (que buena falta le hace al Suroccidente asturiano) a la vez que se protege la Naturaleza (uno de los valores principales y seguramente el mayor), sino como algo que va en contra de los vecinos y que sólo favorece a una élite de “escogidos” que parecen estar por encima de las leyes.
Ni la letra de la Ley se cumple para todos, ni tampoco su espíritu, que más bien parece un alma en pena.
